El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley General de Telecomunicaciones con los votos a favor de PP, PSOE,  CiU y PNV. En el Senado se había contado con el apoyo adicional de Entesa.

La  aprobación de esta ley por el 95% de los votos en cada una de las Cámaras, es una muestra del amplio consenso obtenido entre los diferentes grupos parlamentarios, tras un gran esfuerzo realizado por parte de todos los grupos y de la clara vocación de este Gobierno en la búsqueda de acuerdos, como ya se había anunciado en su presentación como proyecto de ley en el Congreso.

La nueva Ley General de Telecomunicaciones es una ley necesaria, oportuna, reformista y ambiciosa en un momento en el que el sector de las telecomunicaciones vive una renovación tecnológica importante.

Con esta ley se sientan las bases para que los ciudadanos disfruten de las ventajas y servicios de la alta velocidad de acceso a internet, tanto desde su hogar como en movilidad. La nueva Ley se configura como la clave que sustenta el régimen jurídico de las telecomunicaciones y es un instrumento de primer orden para llevar a cabo reformas estructurales en uno de los sectores llamados a ser palanca de la recuperación de España.

La Ley General de Telecomunicaciones persigue como objetivos principales la cohesión social y territorial en el ámbito de las telecomunicaciones, la eficiencia en los despliegues mediante la adopción de medidas que ayuden a los operadores a desplegar sus redes con mayor facilidad y así poder realizar las inversiones que la innovación tecnológica demanda y que es una característica de este sector. 

Además, refuerza la unidad de mercado mediante el diseño de nuevos mecanismos de colaboración entre el Estado y las restantes Administraciones Públicas, que faciliten la adopción de acuerdos y el ejercicio legítimo de las competencias de las distintas Administraciones.

Con la consecución de estos objetivos se pretenden alcanzar los fines últimos que persigue la nueva Ley General:  disponer de redes y servicios más innovadores, más adaptados a las necesidades de los ciudadanos, de mayor calidad y a unos precios cada vez más asequibles, que contribuyan al crecimiento y a la  recuperación económica, así como, a la creación de empleo.

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